(Portaluz) Quien
prohíbe la prostitución «viola los derechos humanos de las personas que venden
prestaciones sexuales», es el juicio que busca imponer la poderosa ONG que
desde el 2006 está siendo cuestionada por la corrupción de sus ideales
fundacionales.
Hace ya
tiempo que Amnesty International había traicionado los valores pro vida y pro
familia que le impregnara su fundador, el converso católico Peter Benenson.
En junio de 2007, fue el cardenal Renato Rafaelle Martino,
presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, quien lo hizo
público en una declaración oficial: «Es supremamente grave que Amnistía
Internacional ceda a las presiones de los lobbies. Apoyar la despenalización
del aborto representa una traición a las finalidades institucionales de la
misma organización. La supresión voluntaria de toda vida humana es siempre un
delito y mina las bases del bien común de la familia humana» (Vaticano. Oficina
de prensa 13.06.2007).
Unida a otros defensores de la ideología de género,
presentes en organismos internacionales, Amnistía Internacional empuja hoy en
todo el orbe la agenda pro aborto, el matrimonio igualitario, derechos de
adopción para parejas del mismo sexo, derechos de paternidad por vientre de
alquiler… y ahora, vincula prostitución con derechos humanos. «Mi cuerpo, mis
derechos» es el explícito concepto que defiende la organización (pulse y
sorpréndase).
La próxima semana sesionará el Consejo Internacional de Amnistía
Internacional. Allí -según denuncia en su edición de este 30 de junio revista
Tempi de Italia- la famosa Ong pedirá a sus miembros aprobar una propuesta
revolucionaria: reconocer la prostitución como un derecho humano.
En los congresos alentados por Papa Francisco, para hacer
visible el drama de la trata de personas y la prostitución, no sólo académicos
e investigadores, sino sus propios protagonistas -niñas y niños muchos de
ellos-, han puesto de relieve el carácter degradante e inhumano de esta
práctica. Es casi imposible, señala la experiencia acumulada en esos foros
internacionales, establecer un límite entre la libre decisión de ejercer la prostitución
y aquellos (la mayoría) que son sometidos a la práctica desde la trata que
alienta este comercio que viola los derechos humanos.
Pero la propuesta de Amnistía Internacional, señalan desde
Tempi, no considera esa verdad de quienes son condenados a ser esclavos
sexuales. Incluso los dirigentes de AI pedirán, se afirma, que el término
«prostitución» sea reemplazado por uno más suave: «trabajo sexual». Así la
propuesta de Amnistía Internacional sería que… prohibir o incluso criminalizar
el «trabajo sexual» «viola los derechos humanos de quienes venden servicios
sexuales» y en consecuencia aumenta «la opresión, la discriminación, la marginación
y la violencia» contra ellos.
«Obviamente esta riquísima ONG dice oponerse al «trabajo forzoso,
la trata de seres humanos» y la «explotación sexual de los niños». Pero ¿qué
tiene esto que ver con la prostitución, o más bien con el «trabajo sexual»? Nada,
según Amnistía Internacional» acusa desde Tempi el filósofo y periodista
italiano Leone Grotti.
Siguiendo ese razonamiento de Amnistía Internacional que
delata el profesional italiano, no sería la prostitución lo que degrada, pone
en peligro y quita los derechos humanos a quienes venden servicios sexuales,
sino la criminalización de la prostitución que alimentaría los prejuicios
contra ellos y la «cultura de la impunidad de quienes cometen abusos». Así
visto, apunta Grotti, «la prostitución, de hecho, estaría perfectamente en
línea con la defensa de los principios «de la igualdad de género» y no tendría
nada que ver con el tráfico sexual»… o la explotación.
La realidad indica que esta propuesta fraguada por Amnistía
Internacional podría generar graves daños a los derechos de las personas. Así
se concluye también por las declaraciones que sobre el tema han vertido desde
la Comunidad Papa Juan XXIII, organización con décadas de experiencia en la
liberación y ayuda de personas explotadas en las redes de prostitución.
Legalizar la prostitución o reconocerla como un derecho
humano -dicen desde Papa Juan XXIII-, aumenta la demanda y «no permite luchar
contra la trata, castigar explotadores, ya que es un gran escudo detrás del
cual los traficantes se pueden ocultar. No se reducen además los abusos contra
las mujeres. De hecho, el 60 por ciento de las prostitutas que trabajan en los
Países Bajos (donde es legal) han experimentado violencia física, mientras que
el 40 por ciento de ellas dijeron que habían sido violadas».
Este 28 de julio -cercanos al 30 del mismo mes, Día Mundial
contra la Trata- el polémico diario inglés The Guardian reflexiona sobre todo
este asunto, y pregunta si acaso Amnistía Internacional no habrá sido ahora
«¿capturada por los partidarios de la trata sexual mundial?»
Con motivo de haberse celebrado este 30 de julio, el Día Mundial
Contra la Trata, la Organización Internacional de las Migraciones ha entregado
un informe cifrando en 500.000 el número de mujeres que entran cada año en
Europa Occidental para ser explotadas sexualmente. La mayoría proceden de
países en subdesarrollo y su trayectoria desde ellos es degradante. Los
encargados de reclutarlas –que pueden llegar a cobrar hasta 500 dólares por
cada una– generalmente lo hacen con falsas promesas de empleo como modelos,
secretarias o dependientas en un país rico.
En el negocio de la trata con fines de explotación sexual
existe un colectivo particularmente vulnerable: niñas y niños. Según UNICEF,
hasta dos millones de niños están sujetos a la prostitución en el comercio
sexual alrededor del mundo. Pero la trata de menores presenta otras
manifestaciones muy graves: la adopción ilegal de niños extranjeros; el tráfico
de órganos; el secuestro de menores para ser utilizados en los conflictos armados
(menores soldados) o en el ejercicio de la mendicidad, a menudo acompañada de
la comisión de actividades delictivas.
FUNETE:
INFOCATOLICA
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